Saltillo, Coah. 13 de febrero de 2014.- Quienes integramos la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, expresamos y compartimos con ustedes nuestra siguiente consideración:
En Sesión Extraordinaria de la LIX Legislatura, en el Congreso del Estado, se aceptó reformar el Código Civil para el Estado de Coahuila y en el articulado propuesto y votado a favor, se plantea la derogación del art. 385-7 el cual establece que los compañeros civiles del mismo sexo no podrán realizar adopciones. Esto significa que una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, las parejas mencionadas pueden ya adoptar a un infante.
El sustento de lo anterior es en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que es posible la adopción considerando los derechos humanos de quienes desean adoptar, y nuestra pregunta es:
¿Quién representó a los menores para emitir opinión a favor de los derechos fundamentales de los infantes? ¿Por qué no se consideró el derecho humano que los menores de edad tienen? ¿Por qué el Estado no actuó para salvaguardar los derechos inherentes a los menores?
No cabe duda de que las parejas sentimentales del mismo sexo tengan necesidad de proyectar o dirigir sus sentimientos hacia otras personas, pero también es cierto que un menor de edad, entre menos años tenga, se dé cuenta de una situación a la que será obligado a vivir, ya que no tiene la capacidad de análisis suficiente para aceptar o no convivir en dicha situación. Es por esto que el Estado como protector de ellos debe establecer si no les afecta en forma sicológica, o que sean discriminados, relegados, víctimas de bullying, etcétera.
Por lo anterior, opinamos que a los menores no les consideraron sus derechos humanos, ya que fueron relegados y el Estado en sí, no respondió a representar dignamente a los menores de edad para externar si es o no conveniente su adopción, bajo diversas circunstancias.
